Perú agiliza expulsión de extranjeros con sentencias y operativos de control de identidad
Veneactiva respeta la autonomía del Estado en sus políticas migratorias y recuerda que la cifras de criminalidad revelan que la incendia delictiva de la población extranjera es reducida, según la propia Policía Nacional
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El Consejo de Ministros de Perú (PCM), anunció la aprobación de dos decretos legislativos en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Dos de ellos están dirigidos a “fortalecer el control migratorio” de los ciudadanos extranjeros que ingresan al país.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola Peñaranda, explicó en qué consiste cada una de ellos: «El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros delitos», dijo en rueda de prensa.
En esta misma norma se contemplan sanciones para los que promuevan el tráfico de personas, el cruce irregular, así como el reingreso clandestino de los sentenciados.
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En tanto, el segundo decreto legislativo aprobado, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal,se amplía el control de la identidad de los extranjeros, de 4 horas a 12 horas, a fin de contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro país.
“A través de estos dos decretos legislativos, este grupo de extranjeros que viene causando daño a la sociedad peruana merecerá una acción inmediata por parte de nuestras autoridades», aseguró.
En este sentido, el ministro del Interior, Vicente Romero, destacó que las dos medidas aprobadas, favorecen los operativos de control de identidad y fortalecen las operaciones de la policía.
“Continuamos con el combate contra el terrorismo y el crimen organizado”, agregó el titular del Mininter. De esta forma, se busca endurecer la normativa y facilitar el trabajo de la policía y los fiscales.
Estadística vs realidad
La presidenta fundadora de la ONG Veneactiva Nancy Arellano,, se mostró respetuosa de la autonomía de las decisiones del Estado peruano y recordó que las estadísticas de la Policía Nacional y el el Instituto Penitenciario (INPE) dan cuenta de la verdadera incidencia delictiva atribuida a los extranjeros.
“Los números que revela el INPE, nos dicen que hay 896 personas sentenciadas. Aproximadamente un millón quinientos mil venezolanos en territorio y un millón ochocientos mil extranjeros que se calcula en el territorio nacional. Lo que quiere decir que en efecto la tasa de criminalidad la verdad es que es muy baja. Nosotros no podríamos con estadística decir lo contrario”, dijo en Tv Perú, en el programa Diálogo Abierto.
Sobre el ingreso por las fronteras, explicó que este fenómeno es motivado, en parte, por las propias restricciones que tiene el país, como la solicitud de pasaporte vigente, un documento al que los venezolanos no tienen acceso.
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“Además, con el proceso de la pandemia, lo que ha hecho es que se ha incrementado el tráfico de migrantes y la trata de personas con un número importantísimo de mujeres víctimas de trata, cifras que también están en negro y cifras que vemos día con día en aumento y que es importante señalar, porque el problema de la crisis migratoria, primero que es un problema de seguridad multidimensional”.
Agregó que al igual que en Europa, este problema necesita atención regional para tomar medidas conjuntas para que la migración sea segura y regular.
En cuanto a las personas que no han acudido a la toma de los registros biométricos, recordó que existen algunas dificultades para acudir a los locales de migración, sobre todo fuera de Lima:
“Hay un dato importante porque hay 24 mil ciudadanos que no han ido a sus citas. Incluso te diría que el 28 de octubre es una fecha clave, porque la amnistía acaba. Es decir, que alguna persona no ha podido regularizar su situación. Porque, por ejemplo, tú puedes iniciar el trámite digital, pero de todas maneras necesitas acudir a una sede de inmigraciones para la toma biométrica”, detalla.
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En este sentido, agrega: “Las sedes de migraciones no existen en todo el territorio nacional, ICA no tiene sedes de migración, el centro del país no tiene sedes de migración, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de hablar del tema”.
Recordó que hay un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional, desde la cooperación internacional, desde las distintas ONG´s para apoyar las labores de regularización, incluida la apertura de sedes coordinadas, en el caso de Cedro que ha venido abriendo los Migracentros, uno en Ate, en Puruchuco, otro que se ha abierto en Villa María, que va a estar prontamente funcionando y se está planificando la apertura en Ica, porque se entiende que la necesidad de una migración segura, ordenada y regular la compartimos todos.
“Dentro de las ONG´s buscamos la seguridad para todos, porque es la vecindad segura para todos”, puntualizó